Un hecho que estaba a punto de pasar desapercibido fue sacado a la luz por una denuncia periodística. Los integrantes del grupo Colina intentan beneficiarse del Decreto Legislativo 1097 que fue emitido por el Gobierno el día 1 de setiembre, el que establece que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia
la etapa de instrucción no se dicta sentencia.
Aprovechando esta norma, los abogados de los integrantes del grupo Colina pidieron durante la audiencia de la Primera Sala Penal Anticorrupción, realizada el lunes 6, acogerse al mencionado Decreto argumentando que el proceso contra ellos comenzó el 2001 y hasta el día de hoy no hay sentencia, por lo que se han superado los 14 meses que tenia la justicia para investigar.
Esta norma también indica que la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surte efectos y rige para el Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, cuando el país se adhirió a ese documento.
Los que han pedido acogerse a este Decreto son el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, así como varios integrantes de ese grupo, entre ellos Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra y Wilmer Yarlequé Ordinola.
Sin embargo, alguien que no pidió ser beneficiado con este Decreto y guardó silencio fue el ex asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos aunque se supo que estaría alistando una solicitud, por lo cual su abogada, Estela Valdivia, solicitó una copia certificada de los temas tratados en la audiencia y de los pedidos presentados por los abogados de los integrantes del grupo Colina para utilizarlos en este y otros juicios. Sin contar que Montesinos tiene otros juicios por delitos de corrupción y por vender armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Los integrantes de la Primera Sala Penal Anticorrupción Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra, quienes son los encargados de ver los casos de Barrios Altos, la desaparición del periodista Pedro Yauri y el asesinato de 9 campesinos del Valle Santa, suspendieron la audiencia para el día 8 de setiembre, y dijeron que es posible que ese día el Tribunal dé a conocer su decisión frente al Decreto Legislativo.
La Sala no tiene un plazo para pronunciarse, lo podría hacer hoy o postergar su decisión hasta el día de la sentencia.
El ministro de Justicia, Víctor García Toma, señaló que presentaría su renuncia si es que se entregó al Congreso la exposición de motivos del D.L. 1097 elaborado por el Ministro de Defensa y no la del portafolio de Justicia. García Toma dijo que la norma, con una correcta interpretación, no beneficia al grupo Colina.
En cuanto a los abogados de la parte civil manifestaron que las victimas no han estado ocho o diez años esperando un sentencia. “Llevamos 19 años reclamando que se haga justicia y se conozca la verdad”, expresaron y afirmaron que son inadmisibles las figuras de amnistía y cualquier excepción que pretenda sustraer de la justicia a un procesado por violación de derechos humanos.
Por otro lado, el fiscal Pablo Sánchez expresó que el Ministerio Público analiza los decretos y podría presentar una acción de inconstitucionalidad.
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