AUGE GASTRONÓMICO NO FAVORECE A TODOS.

Pese a "boom" del negocio de comida muchos empleados no tienen beneficios

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo señaló en una investigación preliminar que en restaurantes y chifas ubicados en el centro de Lima alrededor del 43.3% de los trabajadores que laboran en ellos no están incluidos en la nómina de la empresa.

De las 466 personas que fueron ubicadas cuando laboraban en 84 de estos restaurantes localizados en lugares como la calle Capón y el Jirón de la Unión, se detectó que 203 trabajadores no están incluidos en planilla, y entre ellos figuran los mozos, azafatas, cocineros y personal administrativo.

En dicha fiscalización participaron 42 inspectores que verificaron el registro de los trabajadores en planilla, el contrato de trabajo, y el pago de gratificaciones y cualquier tipo de beneficios que les corresponden.

El MTPE tiene como finalidad fiscalizar 5,000 restaurantes de los cuales 3,000 corresponderán a Lima y los otros 2,000 a las provincias, en donde hay una mayor concentración de trabajadores y centros de servicios.

Por otro lado, la ministra Manuela García expresó que los inspectores de Trabajo, cuando encuentran a empleados no registrados notifican al empleador para que presente la documentación que acredite que cumplen la ley, lo que se refleja en las planillas electrónicas.

Además señaló que las “actuaciones inspectivas se realizarán en forma permanente en este sector económico, porque el ‘boom’ gastronómico debe beneficiar también a los trabajadores y permitir una mejora en sus condiciones laborales y remunerativas”.

La ministra también dijo: “un trabajador que se encuentra satisfecho en su centro de labores, que está bien capacitado, que tiene una remuneración justa y recibe todos sus beneficios sociales, se convierte en el mejor colaborador de su empleador, y, contribuye a elevar el nivel de productividad y competividad de la empresa.

MINISTRA ARÁOZ NO EXPLICÓ RECORTE DE PRESUPUESTO A FUERZAS ARMADAS

Exposición de Ministra en Congreso no dejó satisfecho a parlamentarios

La presentación ante el Pleno del Congreso del jefe del gabinete ministerial, Javier Velásquez Quesquén, y de la titular de Economía, Mercedes Aráoz, para sustentar el proyecto de Ley de Presupuesto de la República del 2011, no dejó satisfechos a los congresistas que defienden la cédula viva para militares y policías.

Según éstos, la ministra Aráoz no explicó cómo piensa llevar adelante el recorte de este sistema pensionario, es decir, el efecto espejo. Los congresistas de la bancada nacionalista criticaron a la ministra, y uno de sus representantes, Daniel Abugattás, señaló que con la disminución de recursos para las Fuerzas Armadas se piensa aumentar los sueldos.

La congresista aprista Mercedes Cabanillas, fue una de las que criticó el recorte al sector Defensa, pues sostuvo que los 523 millones menos con respecto al año pasado afectaría el mantenimiento de armamento y rancho, entre otros. Indicó que este recorte sería el que sustentaría el aumento de sueldos para los militares, ofrecido por el Gobierno. “Se quita para poner”; dijo Cabanillas.

La titular de Economía dijo que en el Presupuesto se plantea la reforma y modernización del sistema remunerativo y previsional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, “bajo un enfoque eficiente y responsable”.

El proyecto de Presupuesto es de 88,461 millones de nuevos soles, que representa un aumento de 8% respecto del Presupuesto del 2010.
Durante su presentación, la ministra Aráoz informó que en el 2009, las “filtraciones” de los programas sociales a personas que no debieron recibir ayuda sumaron 632 millones de soles Esta cifra representó el 47% de los recursos asignados para tal fin.

La ministra, no obstante, señaló que esas filtraciones, en programas como el Vaso de Leche, se reducirán progresivamente con la entrega del DNI a todos los menores de edad. Dijo que al mismo tiempo se implementará un sistema de focalización de hogares que estará a cargo del Ministerio de Economía.

Aráoz añadió que se ha asignado para el próximo año 35 millones de soles para el programa Gratitud, el cual entregará cien soles mensuales a 30 mil adultos mayores de 75 años en extrema pobreza. Este año, el programa mencionado beneficiará a 5 mil ancianos.

A su turno, Velásquez Quesquén informó que el programa Agua para Todos tendrá un aumento de 309 millones de soles, con lo cual ascenderá en total a mil 536 millones. También en infraestructura educativa se destinarán 317 millones más, que harán en total mil 164 millones para ese concepto. Asimismo, el programa de Mejoramiento de Barrios y Pueblos tendrá un incremento de 177 millones de soles, con lo cual el total de presupuesto para este rubro será de 300 millones de nuevos soles.

Velásquez Quesquén añadió que en el proyecto de Presupuesto se ha contemplado 34 millones para el mantenimiento de 1,261 comisarías en todo el país y se destinarán 65 millones para el patrullaje a pie de 3,589 policías.

HABRÁ SEGUNDA VUELTA EN ELECCIONES REGIONALES

Las elecciones para las presidencias regionales tendrían un escenario inédito, pues en algunos departamentos como Lambayeque, Piura, Junín, Ayacucho y Huancavelica ningún candidato saldría ganador en primera vuelta. Según encuestas realizadas por algunas empresas, quienes postulan no cuenta ni siquiera con un mínimo del 30% de los votos requeridos que la Ley señala para lograr la Presidencia en primera vuelta.

Las modificaciones a la Ley 27683, Ley de Elecciones Regionales, introducidas por el actual gobierno, establecen que en caso de que ningún candidato logre el 30 por ciento de los votos válidos, pasarán a un nuevo sufragio quienes tengan el mayor consenso ciudadano y ganará aquel que obtenga la mayoría simple.

Precisamente, las encuestas regionales de la empresa Imasen arrojan que, en Piura, Javier Atkins lidera las encuestas pero sólo con un 28.7%, mientras que sus adversarios no llegan a más del 25%, mientras que en Junín, según DATOS SAC, Vladimiro Cerrón tiene apenas el 19.4%, mientras que sus oponentes no llegan ni al 10%.

Muy parecida es la situación en Ayacucho, en donde ningún candidato alcanza el 30% de los votos siendo el candidato Rogelio Neyra el de mayor aceptación con tan solo un 18.3% de la intención de voto, y en la región de Huancavelica el mayor porcentaje de las preferencias lo tiene Federico Salas, con un 21% de apoyo popular.

Los candidatos regionales anunciaron que optarán por el único camino posible para ellos con el fin de ganar las elecciones en primera vuelta. Afirman que saldrán a cazar los votos de los indecisos e indiferentes que son un aproximado de más del 20%. El candidato José Murguía señala que esta encuesta es una fotografía del momento, un elemento importante que debe ser tomado en cuenta. “En mi caso permitiría hacer algunos ajustes a mi campaña. Hay un alto porcentaje de electores que por ahora están observando a los candidatos”.

Por otro lado, Humberto Acuña manifestó que ha tomado estos resultados con humildad y cabeza fría. “Vamos a continuar trabajando, visitando los poblados alejados de la región para hacer llegar nuestro mensaje a las personas. Con ello conseguiremos los puntos que nos faltan para lograr vencer la valla del 30%de los votos”.

GRUPO COLINA PIDE LIBERTAD Y CREA POLÉMICA EN GABINETE

Un hecho que estaba a punto de pasar desapercibido fue sacado a la luz por una denuncia periodística. Los integrantes del grupo Colina intentan beneficiarse del Decreto Legislativo 1097 que fue emitido por el Gobierno el día 1 de setiembre, el que establece que los crímenes contra los derechos humanos deberán ser archivados si en un periodo de 36 meses desde que se inicia

la etapa de instrucción no se dicta sentencia.

Aprovechando esta norma, los abogados de los integrantes del grupo Colina pidieron durante la audiencia de la Primera Sala Penal Anticorrupción, realizada el lunes 6, acogerse al mencionado Decreto argumentando que el proceso contra ellos comenzó el 2001 y hasta el día de hoy no hay sentencia, por lo que se han superado los 14 meses que tenia la justicia para investigar.

Esta norma también indica que la convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad surte efectos y rige para el Perú a partir del 9 de noviembre de 2003, cuando el país se adhirió a ese documento.

Los que han pedido acogerse a este Decreto son el ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lazo, así como varios integrantes de ese grupo, entre ellos Santiago Martin Rivas, Jesús Sosa Saavedra y Wilmer Yarlequé Ordinola.

Sin embargo, alguien que no pidió ser beneficiado con este Decreto y guardó silencio fue el ex asesor de Inteligencia Vladimiro Montesinos aunque se supo que estaría alistando una solicitud, por lo cual su abogada, Estela Valdivia, solicitó una copia certificada de los temas tratados en la audiencia y de los pedidos presentados por los abogados de los integrantes del grupo Colina para utilizarlos en este y otros juicios. Sin contar que Montesinos tiene otros juicios por delitos de corrupción y por vender armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Los integrantes de la Primera Sala Penal Anticorrupción Inés Villa, Inés Tello e Hilda Piedra, quienes son los encargados de ver los casos de Barrios Altos, la desaparición del periodista Pedro Yauri y el asesinato de 9 campesinos del Valle Santa, suspendieron la audiencia para el día 8 de setiembre, y dijeron que es posible que ese día el Tribunal dé a conocer su decisión frente al Decreto Legislativo.

La Sala no tiene un plazo para pronunciarse, lo podría hacer hoy o postergar su decisión hasta el día de la sentencia.

El ministro de Justicia, Víctor García Toma, señaló que presentaría su renuncia si es que se entregó al Congreso la exposición de motivos del D.L. 1097 elaborado por el Ministro de Defensa y no la del portafolio de Justicia. García Toma dijo que la norma, con una correcta interpretación, no beneficia al grupo Colina.

En cuanto a los abogados de la parte civil manifestaron que las victimas no han estado ocho o diez años esperando un sentencia. “Llevamos 19 años reclamando que se haga justicia y se conozca la verdad”, expresaron y afirmaron que son inadmisibles las figuras de amnistía y cualquier excepción que pretenda sustraer de la justicia a un procesado por violación de derechos humanos.

Por otro lado, el fiscal Pablo Sánchez expresó que el Ministerio Público analiza los decretos y podría presentar una acción de inconstitucionalidad.

DEFENSA DEL CONSUMIDOR: EL GOBIERNO RETROCEDE

La Ley de Protección y Defensa del Consumidor, que fue aprobada por el Presidente de la República el jueves 2 de setiembre fue cambiada, poco tiempo después de haber sido promulgada, mediante el Decreto de Urgencia 061, que establece requisitos al artículo referente al endose de pasajes aéreos o de empresas de transporte.

La modificación establece que los derechos de endoso, transferencia y postergación estipulados en el Código del Consumidor, se ejercen siempre y cuando sean parte de las condiciones pactadas entre la empresa y los consumidores.

Con esto, la empresa puede decidir en qué momento desea devolver transferir o prorrogar los boletos o simplemente no hacerlo. Esto significa un retroceso a la idea original del Código, que era proteger la economía de los consumidores, según el ex presidente de Aspec, Jaime Delgado.

Además el Ejecutivo modificó también el Artículo 54 de la Ley mencionada, señalando que los servicios públicos no regulados, como en el caso de la venta de los pasajes, podrán hacer cambios sin la supervisión de ningún organismo regulador.

La directora de la Asociación de Empresas y Transporte Aéreo Internacional (Aetai), Patricia Siles, apoyó este cambio al Código del Consumidor, pues señaló que, de no haberse dado, se iba a afectar a las aerolíneas pero también a los usuarios.

En cambio, Jaime Delgado, dijo que no se debió anular la posibilidad de postergación de los boletos. Si bien se deja al común acuerdo el poder hacerlo, son las empresas las que fijan las condiciones de los contratos, indicó.

El legislador Yonhy Lescano informó que la acción del Ejecutivo es inconstitucional debido a que un Decreto de Urgencia se emite en determinadas situaciones excepcionales de emergencia nacional. “Se da si existe un riesgo económico o financiero, pero ¿qué riesgo hay con los pasajes para hacerlo? Es decir, ahora, cualquier ley del Congreso se podría modificar con un DU, opinó.